La sustitución de especies y variedades cultivadas localmente, por otras de mayor rendimiento productivo, inició en Colombia a partir del año 1960, como una revolución verde, que generó disminución de la agrodiversidad en los territorios y trajo consigo la desvalorización del conocimiento tradicional.

El pasar de los años, generó preocupación por la pérdida de variedades nativas, que han permitido que hoy tengamos enorme diversidad de especies y variantes criollas adaptadas a diferentes ecosistemas y condiciones culturales y productivas, consideradas un patrimonio biocultural de pueblos y comunidades, que han permitido garantizar la soberanía y autonomía alimentaria de las comunidades.

Sin embargo, hacia el año 2015 la implementación de la Resolución 3168 del mismo año por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que dicta que solo es posible producir, comercializar, almacenar y distribuir semillas que sean certificadas por el Instituto, da inicio a una revolución de indígenas y campesinos, que impulsados por la necesidad de conservar sus raíces y dar pie a la recuperación de las semillas nativas de sus regiones, deban acogerse a esta reglamentación, para lograr conservar productos tradicionales y propios de la base alimentaria de muchas comunidades rurales en Colombia.

Y es que para lograr esta certificación, se debe garantizar que el material vegetal proviene de una semilla madre, además teniendo en cuenta que esta norma hace especial énfasis en que estas semillas a certificar, sean producto de «mejoramiento genético», concepto que abre brechas entre el material nativo y el material hibrido, dejando a discusión la claridad del concepto ya que en ambos casos tendrían el mismo tratamiento legal para acceder a esta certificación, pues de manera precisa se indica en la resolución que aplica para material que ha sido alterado genéticamente, con el propósito de que el cultivo obtenga mejores rendimientos – más cosechas por área sembrada – y que posea mayor resistencia a cambios de clima, plagas y enfermedades. Estos protocolos, que son copias de prácticas internacionales son inaplicables, y limitantes para aquellas comunidades que han trabajado arduamente en la guarda de sus semillas nativas y que buscan proteger sus saberes ancestrales frente a las buenas prácticas agrícolas de su siembra tradicional.

De acuerdo a lo anterior, se entiende que para lo certificación de las semillas, según el protocolo del ICA, el agricultor debe acogerse a una serie de requisitos incumplibles, que a la larga lo que generan es la proliferación de producción y siembra de semillas transgénicas. Según cifras del ICA, para 2018, Colombia sembró un total de 88.120 el algodón, los cultivos más representativos.

Aun con los privilegios que pierden las comunidades con esta normatividad, son muchos los agricultores que han apostado por volver a la recuperación de sus orígenes, buscando a pesar de los tropiezos, preservar sus semillas nativas, a través del intercambio de saberes con campesinos de su región, preservan su alimento y luchan por proteger la seguridad alimentaria de sus familias.

Iniciativas como estas, de lo que podríamos llamar «Guardianes de saberes ancestrales», deben promoverse, en busca de preservar la identidad campesina, fomentar nuevas industrias a partir de cultivos propios, rescatar, recuperar y restaurar semillas nativas de la región, que no son patrimonio del estado, sino de la humanidad y son parte esencial de los pueblos nativos de nuestro país.